Epílogo
Alberto Carbone
Persiste
todavía un interrogante en el suelo americano.
Desde
el sur del Río Grande hasta la Patagonia austral. Una interpelación consolidada
en el tiempo a partir de que el nuevo continente hiciera su ingreso en la
historia oficial. Un enigma que se ha constituido además, en una significativa
incógnita para la reflexión y para el razonamiento. Una consideración que aún
perdura como una duda existencial anclada en el epicentro del pensamiento de
quienes con sensibilidad social interpelan la realidad y se preguntan respecto
de la ubicuidad de los padecimientos de millones de personas que perviven
exentos de subsistencia y acompañados sin nada más que su precariedad. Aquellos
seres que sólo comparten la postergación de sus necesidades básicas y la desatención
permanente.
Una
problemática que únicamente se sustancia como preocupación en aquellos
individuos que persisten comprometidos con la verdad y la justicia. Un
cuestionamiento íntimamente relacionado con la pregunta por el deber ser:
¿Qué
hacemos con la gente que no es como uno?
Para
intentar acceder a la respuesta deberíamos pensar también:
¿Qué
significa ser como uno?
¿Por
qué hay gente que es como uno y otra que no lo es?
¿En
qué se basa la diferencia entre los unos y los otros?
Desde
hace más de quinientos años, desde que los europeos iniciaron la invasión sobre
los territorios que, sorpresivamente o no tanto, iban desvelando al compás de
su atípica expansión, los antiguos habitantes de aquellas autóctonas locaciones
fueron ignorados, alejados de toda competencia o derecho, erradicados de sus
propias decisiones.
Sin
embargo, los inservibles e inadaptados, tal como los consideraban los
apropiadores, fueron sarcásticamente reservados para una sola y conveniente
actividad, única prebenda que en forma premeditada comenzaría a desgranarse
como una semilla significativa y que paradójicamente los iría acreditando como
valiosos, conceptualizándolos como seres útiles. La razón clave que los
convirtió en indispensables fue también su estigma, porque su oportuna
valoración se identificó con exclusividad por su carácter de dispensadores,
depositarios y ejecutores de los intereses concretos de los amos de la nueva
realidad en los territorios usurpados.
La
voluntad de los afortunados y recientes adquirientes de todo un continente,
grande como inesperado, se había impuesto.
Nos
referimos a la comodidad de haberse agenciado gratuitamente una cantidad
ingente de mano de obra dócil para todo servicio. Una masa uniforme destinada a
la resolución de los requerimientos cotidianos de los invasores.
Gente
de pueblo sometida y gozada, que se constituyó en la estimada porción de algún
séquito propio o hasta en el típico harén de algún mandamás.
Una
cohorte personal que de manera elocuente y dignificadora, se destinaba a congratular
a sus amos autopercibidos, desde las antípodas de su origen, con el derecho y
el deber de apisonar y hacer desaparecer las costumbres ancestrales de la
novísima región, destruyendo a todos aquellos que se animaran a envalentonarse
contra la realidad impuesta promoviendo resistencia.
La instauración de la ley del más fuerte y del
más apto.
Se
procedió de acuerdo con una evaluación necesaria, urgente y justificadora,
privilegiando la totalidad de los requerimientos de quienes ostentaban el
derecho de mando y procediendo a contemplar en el trato para con los indios del
nuevo continente, el mismo axioma utilizado para con los esclavos del mundo
antiguo.
La esmerilada y sempiterna conducta de tiempos inmemoriales, a través de
la cual a los sectores sociales considerados inferiores se les reconocía su
condición de existencia si demostraban como único sentido de sus vidas una
vocación de permanente trabajo servil.
La
otra impostura promovida contra los naturales y devenida de la anterior, se
caracterizó por la estrategia de la imposición como regla, como conducta y como
dogma. Aconteció que si los indígenas no acataban voluntariamente la actitud de
servicio que se les exigía coercitivamente, como única opción, su obstinación y
negativa sólo los conminaba a luchar hasta morir por sus convicciones.
El
proceder del conquistador se explicitó como la actitud del privilegiado. Aquel
que conducía, administraba y transportaba su destino manifiesto, su privilegio,
naturalizado y garantizado además por las páginas de su libro sagrado.
Aldeas
íntegras fueron sometidas, familias desmembradas, pueblos completamente
desposeídos, culturas arrasadas.
Pero
además, aquella voluntad del señor de los cielos y la de los señores de la
tierra, no se hizo efectiva exponiendo en grado sumo la seguridad de los
peninsulares. Los europeos aprendieron a proteger sus vidas y haciendas.
El
proceso expansivo fue consumado a través de la sangre indígena, promoviendo
encuentros bélicos entre pares, batallas entre aldeanos de culturas similares.
Guerreando ellos con el objetivo de alcanzar particulares deseos exógenos.
En
Centroamérica aquella circunstancia se vivenció más claramente, la numerosa
población aborigen se resignó sin alternativas. No pudo impedirlo. El sistema
de servidumbre se fue expandiendo hacia los cuatro puntos cardinales.
La
peregrina preocupación de los ocupantes invasores convalidada a través de la
lucha del hombre contra el hombre había rendido sus frutos.
La
tierra, el agua, los cultivos, el oro, la plata, las construcciones, dejaron de
ser el centro de irradiación del valor de una cultura milenaria, para
transformarse en bienes de Capital de los colonos conquistadores.
El
paradigma de la controvertida organización humana aborigen. Seres vernáculos
con caracterizadas reminiscencias de vocación humanitaria, justificadas por la
espontánea cooperación entre algunas aldeas a través del consenso y por el sometimiento de otras, fue
domesticado y pasó a ser escrito por los vencedores.
El
sistema de cooptación y de cooperación peruano, por ejemplo, que fuera
abruptamente abortado después del descabezamiento del inca, indujo a que las
comunidades andinas extravíen su natural condición con el compromiso de
solidaridad entre las comarcas.
Ese
acuerdo de interacción que garantizaba una armonía tutelar desapareció. La
razón de existencia del incanato se fue diluyendo ante el predicamento de la
lógica hispana. El tawantinsuyo quedó herido de muerte y sus poblaciones
destinadas a la servidumbre del nuevo régimen.
En
México se padeció un desmembramiento y una desvalorización similares. Proceso
también cimentado en la demolición y demonización de las culturas milenarias.
Aquel
axioma invasor se extendió sobre todo el continente sin importar el nombre de
quien lo condujese.
Los
centros de irradiación sociocultural amerindia fueron pulverizados hasta un
nivel tan bajo que la historia no pudo reconstruir eficientemente la evolución
de los pueblos originarios.
El
conosur americano en cambio, adquirió una impronta diferente.
No existieron allí las grandes civilizaciones
andinas de elevada raigambre cultural forjadoras de sociedades multifacéticas.
Para
ese momento, agónico y crucial, en que se produjo el arribo español, no se
habían consolidado aún en su totalidad las comunidades locales sobre la base de
una legalidad consuetudinaria que garantizara el orden, la armonía y hasta el
equilibrio cósmico.
No
había tampoco estrafalarias ornamentaciones con minerales codiciados, tampoco
auténticas fortunas tesaurizadas con formatos y relieves asombrosos.
Sin
embargo, los recién llegados fueron tropezando con núcleos de organización
social dentro de las localidades. A su paso, frecuentaron algunos colectivos
más estructurados que otros. Sin embargo, cada uno de ellos, lucía de menores
proporciones que los del área andina y muy minoritarios en relación con su
volumen poblacional.
Pero
lo que palmariamente descubrieron con satisfacción los europeos, atravesando el
sur de la actual Bolivia hasta el Estrecho de Magallanes, fue un desmesurado y
desproporcionado territorio.
Un
hallazgo majestuoso, que significó una diferencia radical con relación a todo
lo observado anteriormente.
Fue
aquella enorme vastedad, que esencialmente se conjeturó vacía, la que
posteriormente configuraría un importante provecho para la producción y
explotación de las actividades agropecuarias.
La
aventura hacia el extremo sur americano se inició desde la ciudad de Lima y
persiguió los mismos afanes confiscatorios de cualquier otro grupo de europeos
llegado al nuevo continente.
Al
inicio de la experiencia sureña, la caravana de hombres y animales se involucró
con el esfuerzo del peregrinaje sin acusar excesivos altercados.
Lo
más dificultoso del proceso se puso en evidencia tiempo después de haber
comenzado la marcha desde los llanos de Iquique.
El
punto de inflexión surgió en la mitad del recorrido llegando a orillas del
Biobío. La estrategia de articulación territorial expansionista hizo eclosión
en el centro de Chile.
Un
sitial significativo que albergaba una novedad inesperada.
Lo que hasta ese momento había aparecido para el europeo como una
vibrante oportunidad se fue transformando sucesivamente en un proceso temible.
Empezaba
a ocurrir la multiplicación de los “salvajes”. Los invisibles emergían ante la
vista de los recién llegados.
Más
de cien años padecería el conquistador rebuscando aquel remanido objetivo,
alcanzar a fuerza de arcabuz la desaparición efectiva del indio.
Todo
aquel inmenso territorio, de un lado y del otro de la Cordillera, justificaba
la presencia española en el nuevo mundo por hacer eficiente la pretensión de
obtener la cima de la gloria a través de la posesión de extensas regiones.
Recónditos lugares que aguardaban para ser
vindicados legalmente sobre la base de títulos de propiedad.
Extensas
heredades que en soledad, encanto y desasosiego, reclamaban por un poseedor que
se dignara a establecerse para hacer prosperar tremenda riqueza.
Pero
¿y la gente? ¿Alguien se interesó por aquellos seres humanos moradores
originarios?
La
América del extremo sur fue naturalizada por los conquistadores como un
continente vacío. Los mismos exploradores ansiosos y desesperados por la
heredad del territorio ansiado sin ocupación, sin la instalación de aquella
muchedumbre amorfa, patética e ignorante.
Algo
era cierto. No había palacios, ni centros ceremoniales, ni ciudades pujantes en
pleno bullicio. No desarrollaban ocupaciones heterogéneas. Pero también era
verdad que su existencia, no inducía al desarrollo de las libres y particulares
aspiraciones de los invasores.
Porque
esencialmente, las vivencias de ese conglomerado autóctono, transcurría en
derredor de otros valores, de distintas actividades primordiales, de otras
preeminencias.
Aquella
circunstancia de escasa solidez organizacional, justificó para la mentalidad
española la decidida negación de las sociedades primitivas básicas, la
justificación de su desmantelamiento y la cruel interpretación del ambiente
natural aborigen como continente vacío.
Tiempo
después, ese razonamiento se impondrá como una postura trascendente, apropiada
y eficaz para interpretar la esencia del corpus ideológico que se consolidaría
con el pomposo nombre de Organización Nacional.
La
Argentina configuraría en la historia de América un ejemplo arquetípico.
Los
conquistadores españoles homologaron la palabra riqueza con el concepto:
posesión de heredad. Se repartieron territorio de acuerdo con titulaciones
calificadas como suertes de tierra.
Esos
documentos nominativos fueron distribuidos por los jefes militares y por los
funcionarios regios. Sus adjudicatarios, quienes los acumularon e
incrementaron, los extendieron como beneficio hereditario a sus descendientes.
El
transcurso del tiempo instaló en el territorio a cientos de familias con
suficiente capacidad y respaldo económico, como para constituirse en el centro
de atención político.
Como
portadores de apellidos de novedoso prestigio, se erigieron con facultad de
opinión y decisión sobre los asuntos de Estado.
A
partir de entonces se fue estableciendo una nueva tipificación social. Un
patriciado sin títulos nobiliarios caracterizado por la dotación de riqueza
sobre la base de la producción de la tierra.
Un
sector social de elevada consideración, de merecimiento autopercibido que
podríamos denominar como “aristocracia
de la propiedad”.
En
forma criteriosa fue consolidándose la Organización de la Nación.
Un
grupo de apellidos constituyeron la base fundacional del país, cuyo territorio,
su patrimonio, les pertenecía en carácter de dominio privado.
El
reparto y la administración de la tierra constituyeron dos actividades que se
instalaron, se perpetuaron y naturalizaron al resguardo de sus poseedores
durante los siglos subsiguientes.
Los
herederos de los conquistadores, sus descendientes, sus parientes más cercanos,
las nuevas familias establecidas en derredor de aquella fortuna basada en la
territorialidad, consumaron el cariz fundacional de la Nación.
Trescientos
años después del establecimiento europeo en América, los acreedores de
apellidos ilustres, proclamados como auténticos padres epónimos, decidieron dar
por concluidas sus luchas intestinas. Estimaron que perpetuarlas podría
atomizar el poder político y acabaría por inducir una probable fragmentación de
las regiones en sectores de provecho disímil, perjudicando sus particulares intereses económicos. Entonces
resolvieron en común acuerdo, edificar sus bases programáticas.
Pocos
años después de celebrar la independencia del continente, consolidados los
grupos criollos en el gobierno del país, los líderes de las nuevas sociedades
reglamentaron su mandato, amparándose en la elaboración de una Constitución
Nacional.
Cada
Nación celebró su Carta Magna como un símbolo fundacional en relación directa
con los intereses de sector comprometido con las particularidades específicas
del país.
La
Argentina, por ejemplo, evaluó las propias, reconoció el valor intrínseco de
sus vastas extensiones productivas, consignando específicamente su escasa
población.
La
Constitución Nacional argentina de mitad del Siglo XIX, organizó el territorio
como Estado Federal conformado sobre la base de provincias autónomas reguladas
por tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Los
miembros de la elite propietaria, las familias latifundistas, adecuaron sus
intereses con la instrumentación de esa trilogía institucional y ocuparon los
cargos específicos.
Pocos
años después de haberse promulgado la Ley Fundamental, el gobierno dictaminó
ampliar los límites territoriales del Estado Nación. Se dio inicio entonces a
una competencia por la instalación y posesión contra el aborigen.
La
campaña al Desierto, ordenada por el gobierno de Nicolás Avellaneda en 1879,
desalojó, asesinó, esclavizó y neutralizó las culturas amerindias,
distribuyendo los territorios enajenados entre las familias que ya eran
poseedoras de innumerables vastedades y repartiéndose a los aborígenes que
quedaron vivos como objetos de uso.
Esas
regiones contribuyeron a ampliar la superficie cultivada y la explotación
ganadera, amparándose en el procedimiento por excelencia adoptado por la elite
latifundista, actividad conocida con el nombre de expansión de la frontera
agrícola.
El proceso de avance militar contra el indio
fue justificado en el provecho de incrementar la producción para ofrecerla al
mercado externo.
La
actividad productiva del recurso económico de la tierra se consolidó desde
entonces como el instrumento indispensable para equilibrar la balanza de pagos
y el nivel general de la política económica nacional.
El
país se dividió en dos grupos bien definidos con intereses contrapuestos.
Un sector minoritario, poseedor e instrumentador de las decisiones de
política económica y social más importantes de la Nación y otro grupo,
mayoritario ligado al trabajo e
instalado durante los primeros años en el campo, con carácter de brasero, campesino
agrícola.
Posteriormente,
al compás de la inversión urbana en la industria fabril, aquel hombre común,
sin apellido ni posesión alguna, se fue trasladando paulatinamente a la ciudad
en carácter de trabajador asalariado para las incipientes industrias en
formación.
Ambas
inversiones productivas, la rural y la urbana, se consolidaron al amparo del
Capital destinado para su evolución. Dinero invertido en los dos casos por la
elite. Sector excluyente, contralor de los resortes económicos y de las
decisiones políticas.
El
incremento de la producción agrícola se precipitó, fue en ascenso continuo.
Posteriormente los excedentes devengados por aquella actividad se fueron
volcando en forma paulatina en la generación de la industria fabril urbana,
especialmente durante las épocas en que el mercado externo se mostraba
sufriente, alicaído, clausurado, producto de algún colapso significativo, tal
como sucediera durante el período de las
dos guerras mundiales y con la caída de Wall Street.
Con
el mercado mundial en retroceso, el rol del Estado se interpuso a la debacle e
insufló con Capital propio al sistema productivo, configurando el rol de máximo
influyente sobre las inversiones locales con el objeto de mantener con vida al
mercado interno.
Ese
fue el origen del proceso de sustitución de importaciones.
Durante
aquel ciclo histórico iniciado en la década de 1930, se fue configurando la
impronta actual de carácter diversificado de la economía argentina.
Aquella
característica de inversión productiva diversa, jamás fue del agrado de la
elite agropecuaria, quien hubiera preferido mantenerse ajena al proceso
industrial urbano, en razón de que los beneficios percibidos por el agro,
debido a la demanda constante del mercado externo, cubrían con creces sus
expectativas de crecimiento patrimonial y los gastos de mantenimiento de un
Estado mínimo con muy baja demografía.
No
debemos olvidar que la Argentina poseía ventajas comparativas con relación al
resto del mundo en función de la superficie sembrada y el rendimiento de su
producción. Aún posee esos atributos.
Sin
embargo, las denominadas fuerzas del mercado del sistema capitalista mundial
ejercieron presión modificando los términos de intercambio internacional. La
crisis internacional sistemáticamente desemboca en el colapso del equilibrio
siempre inestable en el que orbitan los factores económicos, naturalmente,
nuestro país también acusó el golpe perpetrado a raíz del quiebre de Wall
Street. En consecuencia, los responsables de la ejecución de las medidas
económicas del gobierno nacional de aquel entonces, guarecidos en el
subterfugio del factor tierra como único garante de sus recursos económicos y
financieros, vivenciaron las consecuencias del congelamiento del comercio
exterior e incorporaron en su esquema un recurso metodológico eficiente con el
objeto de incrementar las divisas que no ingresaban por la exportación de
comodities. Recurrieron al programa de sustitución de importaciones. Producción
nacional de aquellos artículos que no ingresaban a través de la importación.
Esa circunstancia generó la demanda de mano de obra fabril de carácter urbano y
potenció el surgimiento de las pequeñas y medianas empresas.
El proceso de diversificación de la economía
que experimentó la Argentina no fue voluntario ni deseado. Ni por los
productores locales, ni por los oportunos inversionistas extranjeros.
Al
comparar con el resto del continente, observaremos que la base de la economía
de los alrededor de treinta países de América Latina y el Caribe se consolidó
durante años por un proceso monocultivador. Un modelo de crecimiento
estrechamente ligado a los intereses y requisitos de los Estados centrales. Es
la estrategia de las naciones líderes que basan su equilibrio económico y
productivo interno, recurriendo a los países periféricos, demandando algún
recurso extractivo necesario para su propio desarrollo.
Aún
en la actualidad, los únicos tres países del área latinoamericana que poseen su
economía diversificada, son México, Brasil y Argentina. El resto se caracteriza
por la especialización.
La
población autóctona, mientras tanto, fue sobreviviendo dentro de los márgenes
que le permitió una realidad económica y social que seguramente no hubiese
elegido y que palmariamente no hubiera esperado vivir.
Sucede
que los pobres de la tierra constituyen en América una significativa paradoja.
Por
antonomasia, por derecho consuetudinario, por evidente relación directa con su
lugar de origen, son los aborígenes de la región quienes deberían imponer
razones suficientes para que se los valore como efectivos poseedores del
territorio que habitan y habitaron desde tiempos inmemoriales.
Sin
embargo, aquel razonamiento fue extraviado, abolido y defenestrado por los primeros colonizadores europeos y por
quienes los sucedieron y consolidaron la premisa originaria y fundacional.
Después de poco más de quinientos años, quienes deberían ser legítimos
herederos de la tierra y dueños del derecho a decidir qué hacer sobre ella,
permanecen empobrecidos, inhabilitados para ejercer su formación intelectual, desnaturalizados
culturalmente y continúan con escaso o ningún derecho a seguir subsistiendo.
Una
circunstancia que como expresáramos, se ha consolidado como un hecho paradojal.
Las
repúblicas modernas instauradas en el territorio aborigen americano, son hijas
legítimas de la Nación que les diera vida. Pero esa nacionalidad se estructuró
a través del acuerdo entre las familias propietarias, quienes radicaron
apellidos ilustres. Notables herederas de los conquistadores y de quienes se
instalaron durante los siglos subsiguientes, los posteriores inmigrantes
europeos. Esos núcleos arraigados a la tierra, arrebataron, se adueñaron,
legitimaron por medio de la violencia, por la devastación, el ultraje y el
genocidio, la posesión del territorio ancestral de las comunidades autóctonas
del nuevo mundo.
Comunidades
nativas originarias para quienes la tierra posee aún hoy un significado
preponderante para el leguaje, sus costumbres y creencias.
Los
actuales Estados nacionales ejercieron usurpación legal de los remotos
territorios americanos y los consignaron y definieron como tierra fiscal.
Andando el tiempo los fueron liquidando o traspasando al mejor postor.
La
posteridad se benefició económicamente con aquella tierra enajenada. Los
sucesivos herederos de los primeros poseedores peninsulares, alguno que otro
inmigrante establecido con dinero suficiente y los miembros de la elite, dignos
y justificados garantistas del pensamiento republicano, que fuera instalado por
ellos mismos para satisfacción propia y por formar parte de la clase política
acaparadora del poder real.
Mientras
tanto a los aborígenes no les reconocieron en absoluto legitimidad de derecho y
de origen sobre el territorio en el que estaban asentados.
Los
abogados constitucionalistas, caracterizados y señalados como garantistas,
continúan reclamando modificaciones de preceptos y valoraciones en las Cartas
Magnas de cada Nación americana. La imperiosa necesidad de que sea incluido en
el articulado legal un reconocimiento al derecho de posesión territorial para
aquellos pueblos que deberían reconocerse como culturas preexistentes,
enumerando todos sus fundamentos y razones de origen ancestral.
Pero
además debería puntualizarse también, con carácter indispensable y urgente, la
obligación de cumplimentar y respetar lo que específicamente refiere la Ley
Fundamental en virtud de las consideraciones taxativamente consignadas, de las
que sin embargo se hace caso omiso.
Porque
el propósito de una república no debe estar restringido a los intereses de un
sector social en particular, al grupo propietario que constituye el núcleo de
mayor trascendencia en las decisiones y determinaciones nacionales. Un
abigarrado sector de reputadas personalidades que durante los últimos
doscientos años ha decidido disponer, constituir y formalizar sus propias
intencionalidades, sus individuales intereses. Una aristocracia del dinero que
se ha homologado con el concepto de patria. Una elite patrimonial que
direcciona sus intereses hacia la finalidad específica de sus objetivos centrales,
amparada en su particular concepto de
Nación y nacionalidad.
